Sábado 22 de noviembre del 2022. Miembros de la Policía Nacional del Perú realizan un operativo contra una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres. Dicho operativo se lleva a cabo después de semanas de investigación para recopilar evidencia suficiente de los crímenes. La ardua labor de compilación de información lleva a la Policía hasta un prostíbulo, "El Rosal", ubicado en la provincia de Huaral, distrito de Huaral. Exactamente en la Avenida Mariscal Cáceres.
Lo que hallan en este primer local es inaudito: rescatan a tres adolescentes venezolanas. Sus edades oscilan entre los 15 y 16 años de edad. Lastimosamente, eso no fue lo único. En el segundo local del establecimiento rescatan a otras tres adolescentes de nacionalidad venezolana. Esta vez, tienen entre 16 y 17 años. Algo que las muchachas tenían en común, aparte de su procedencia y edad, es que contaban con sellos en sus antebrazos.
Los sellos son el distintivo que tienen las personas que ingresan a los penales, es un sistema utilizado a nivel nacional. Dichos sellos eran de la cárcel de Huacho, una ciudad próxima a Huaral.
La banda criminal que tenía a las menores capturadas era conocida como "Los tratantes del norte chico". Se detuvieron a siete personas. De las siete, cinco permanecen sin revelar su identidad, y dos son de la misma nacionalidad que las capturadas: Fannyber P. V. de 47 años de edad, alias la Tuerta; y Kelvin R. A. V. de 18 años de edad, alias Pinky.
Fueron sus propios compatriotas quienes capturaron a las menores para integrarlas a su red de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
El país se levanta
Las personas empezaron a manifestarse ante las crueles implicaciones del destino de las menores. Y con razones. A su vez, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, por sus siglas INPE, liberaron información a medida que continuaban las investigaciones para cumplir esta demanda de información por parte de la población.
Omar Méndez, jefe del INPE, confirmó que el 15 de octubre del presente año ingresaron, con documentación falsa, dos menores al penal de Huacho obligadas a ejercer la prostitución. Confirmó así que no solo se incumplieron protocolos de ingreso, sino también hubo corrupción por parte de dos agentes del Instituto Nacional Penitenciario.
Así, la corrupción continúa siendo un problema latente en el país. Los mismos agentes de la justicia traicionan a quienes juraron proteger.
La declaración final del coronel Manuel Díaz Barco, de la división contra la trata de personas, lo confirma, "Se determina en la investigación que dos veces por semana ellas eran conducidas al penal para ser explotadas sexualmente".
Además de misoginia y corrupción, xenofobia
El caso continúa ramificándose en más subtemas cuando el general Ulises Guillén, jefe de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, declara que entre enero y octubre han rescatado a 589 venezolanas víctimas de trata, de las cuales 28 eran menores de edad.
Aparece el factor de la xenofobia. debido al alto número de víctimas de trata que son extranjeras que llegan al Perú buscando un futuro mejor que el que les espera en su propio país. Una vez capturadas bajo el cuento de un empleo ofrecido por redes sociales, los implicados amenazan a las mujeres con los gastos que acarrea su alimentación, pasajes, estadía en hoteles y pensiones. Las obligan a pagar esa “deuda” imaginaria que tienen con sus captores.
Sin duda, este caso saca a relucir varios temas recurrentes a nivel nacional, a los que se debe poner un alto. Mientras no se planee un cambio, mientras este no se encuentre en la agenda a realizar del gobierno, dichos temas continuarán atormentando a la población peruana.
Es momento de dar ese paso.
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